Brightstone
La protección integral del sector energético debe ser una prioridad para el desarrollo económico y sostenible de los países, no solo para la promoción de inversiones que generen su desarrollo, sino para la seguridad de su población.
La operación del sector energético en Latinoamérica, representa aproximadamente el 3% ponderado del PIB regional en países con actividad petrolera. Con este impulso se promueve el desarrollo, la inversión social en educación, seguridad, salud y otras áreas primordiales para la sociedad.
La rentabilidad del sector energético latinoamericano, su impacto y el alcance de las operaciones que lo impulsan, se ven frecuentemente afectados por la ilegalidad y la frágil presencia institucional. Estos factores dificultan el análisis y control de las afectaciones causadas, ocasionando serias dificultades a las comunidades y su entorno. No en pocos casos, llegan a amenazar la sostenibilidad de las operaciones del sector.
La problemática transciende hasta la creación de células de delincuencia organizada, convirtiéndose no solo en una afectación para las empresas, sino también en problemas estructurales de seguridad para los países y sus poblaciones. Estas estructuras delincuenciales derivan en sofisticadas empresas criminales que generan una verdadera economía ilegal, anulando las vocaciones productivas y los emprendimientos empresariales.